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El Movimiento Estudiantil de 1971 representa la mayor movilización de estudiantes en la historia de Colombia. Las protestas se iniciaron desde el mes de enero con la manifestación de estudiantes de la Universidad del Cauca (Popayán). Sin embargo, el acontecimiento más importante se dio el 7 de febrero con el comienzo de una huelga de estudiantes en la Universidad del Valle, quienes exigían la renuncia del rector y la eliminación de los representantes del sector privado y la Iglesia en el consejo superior universitario –máximo órgano rector– y rechazaban las condiciones de los créditos otorgados por entidades internacionales a las instituciones educativas. La protesta del 26 de febrero fue sangrientamente reprimida por el ejército, los enfrentamientos dejaron un saldo de más de 20 muertos. De inmediato el gobierno declaró, por medio del decreto 250, el estado de sitio en todo el país.
El 1 de marzo los estudiantes de la Universidad Nacional, la principal del país, acordaron la realización de un paro en solidaridad con los estudiantes de la Universidad del Valle, momento a partir del cual se iniciaron las marchas y los enfrentamientos entre estudiantes y fuerza pública. El gobierno respondió decretando el toque de queda en Cali (3 de marzo), Medellín y Popayán (4 de marzo) y Bucaramanga (abril 16) y amenazando con penas de 30 a 180 ochenta días de arresto a las personas que desobedecieran la ley o promovieran el cese de actividades académicas. A pesar de la represión, los estudiantes realizaron sus manifestaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Popayán .
Reabiertas las universidades, los estudiantes efectuaron asambleas que decidieron mantener la lucha, razón por la cual los estudiantes la Universidad Nacional decretaron el 24 de marzo un paro y bloqueo administrativo de la universidad y la expulsión del rector Diego López Arango en protesta por la actitud dilatoria del gobierno con respecto a la reestructuración de la universidad. A partir de este momento se iniciaron una serie de tomas de las instituciones que se repitieron en los meses siguientes.
El gobierno, además de la represión militar y las expulsiones y detenciones, expidió, desde el mes de abril, decretos con el fin de restablecer “el orden público universitario” (decretos 580 y 581), y respaldó las posiciones de grupos de estudiantes que pedían la desmovilización. Como si fuera poco, el Ministro de Defensa, Hernando Correa Cubides, sindicó públicamente a Marcelo Torres, Leonardo Posada y Morris Ackerman como los principales agitadores y señaló que el propósito fundamental de las reivindicaciones propuestas era entorpecer la realización de los Juegos Panamericanos y el secuestro de los extranjeros que vendrían a competir. A la vez que se amenazó con el servicio militar obligatorio a los estudiantes que habían sido expulsados o aquellos que se negaran a reintegrarse a las actividades académicas.
Un hecho fundamental del movimiento estudiantil de 1971, que marca la diferencia con cualquier otra movilización de estudiantes del siglo XX, fue la elaboración del denominado Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, que comenzó a perfilarse a partir del II Encuentro Nacional Universitario, realizado en Bogotá entre marzo 13 y 14, dado a conocer el 25 del mismo mes y ratificado en el III Encuentro Nacional Universitario, que sesionó en Palmira el 14 el abril. Este documento constituyó la base para la reestructuración de la universidad. Era la síntesis de las aspiraciones políticas y educativas de los estudiantes. El programa Mínimo constaba de seis puntos:
1 - Abolición de los Consejos Superiores Universitarios, en los cuales tenían representación los gremios y el clero, y sustitución por un organismo conformado por tres estudiantes, tres profesores, el rector (sin voto) y un representante del Ministerio de Educación.
Conformación de una comisión (tres estudiantes, tres profesores y un representante del Ministerio de Educación) para estudiar un proyecto de Ley Orgánica de las Universidades.
Establecimiento de un sistema democrático para la elección de autoridades universitarias en los establecimientos públicos y privados.
2 - Cumplimiento de la asignación del 15 por ciento como mínimo del presupuesto total de educación para la Universidad Nacional. Además control oficial para las universidades privadas, congelación de matrículas y suspensión de las cláusulas lesivas a la nación colombiana contenidas en los contratos de las universidades con agencias internacionales.
3 - Conformación inmediata de una comisión (tres estudiantes, tres maestros y un representante del Ministerio de Educación) que debía estudiar el carácter rector de la Universidad Nacional en la educación superior, liquidación del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (ICFES), financiación estatal y adecuada de la educación superior, investigación científica financiada exclusivamente por la nación y planificada por investigadores nacionales, revisión de todos los contratos celebrados con entidades extranjeras. El informe debería ser aprobado previamente por un Encuentro Nacional Universitario y puesto en marcha por el gobierno.
4 - Retiro definitivo de la Universidad del Valle y ruptura con la Fundación para la Educación Superior (FES).
5 - Legalización del derecho a crear organizaciones gremiales en cualquier tipo de establecimiento educativo.
6 - Reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana.
El objetivo central del Movimiento se obtuvo el 23 de octubre en la Universidad Nacional en Bogotá y a fin del año en la Universidad de Antioquia. Se trataba de la exigencia de relevar los antidemocráticos consejos superiores universitarios por el cogobierno. La fórmula adoptada fue la creación de un Consejo Provisional Universitario conformado por el ministro de educación o el rector, cuatro decanos, dos estudiantes, dos profesores y un ex alumno. Exceptuando al gobierno, en los nuevos consejos fue suprimida la participación de todos los sectores extrauniversitarios.
El Movimiento Estudiantil de 1971 logró un triunfo sin antecedentes en la historia nacional. Ello se explica, en primer lugar, por la comprensión que se tenía sobre la determinante injerencia de los organismos internacionales, especialmente de Estados Unidos, en el diseño de la política educativa nacional, a través de los consejos superiores universitarios. En segundo lugar, por la elaboración de una propuesta de reforma y de gobierno universitarios, sintetizadas en el Programa Mínimo, fruto de intensas discusiones ideológicas, en medio de un gigantesco movimiento de masas y de una brutal represión del gobierno.
Para los diversos sectores de izquierda fue un problema teórico y práctico completamente nuevo reflexionar sobre la posibilidad de luchar por transformaciones sustanciales en la universidad y en su gobierno, antes de la revolución política y económica. La reflexión sobre aspectos generales de la ciencia y la cultura llevó al análisis sobre la naturaleza de la sociedad colombiana, el carácter de la revolución y de la sociedad que requería Colombia, por ejemplo de Nueva Democracia desarrollada por Mao Tse Tung o Socialista, de acuerdo con los Troskistas, como también, la relación entre la base material y el conjunto de asuntos que hacen parte de la superestructura, tales como el poder político, la ideología, la educación y la cultura.
Dos grandes posiciones teóricas y políticas predominaron en el movimiento estudiantil. Una de ellas partía del presupuesto de que la universidad es un aparato ideológico del Estado, por lo “...que es imposible modificar su naturaleza de clase... una revolución en Colombia tiene que plantearse en su estrategia su inevitable destrucción en el mismo sentido en que es válido para todo el aparato del Estado”. Según esta razón, el cogobierno era imposible y constituía una consigna reformista que implicaba “...fortalecer y perfeccionar la universidad burguesa...” y además calificaba la autonomía como “un mito liberal”.
Una segunda posición caracterizó como “...criterio mecanicista (aquello) de que mientras no cambiara el régimen social no cambiaría la educación” y acudió a “...la tesis marxista-leninista consistente en que a toda gran revolución social la antecede una profunda revolución en la cultura. De manera que sí eran posibles las transformaciones revolucionarias en la educación y la cultura antes de culminada la revolución”. En consecuencia, era posible que la institución educativa en su conjunto se insubordinara contra el establecimiento y, al acompañarse de un movimiento de masas de las dimensiones del que se vivía, asumiera la dirección de las universidades.
Esta discusión programática también tomó la forma de un debate sobre la apreciación de la correlación de fuerzas durante el V Encuentro Nacional, desarrollado entre el 18 y 25 de mayo. Para abril, de una población de 70.000 estudiantes, 60.000 estaban ausentes de las aulas; lo que significaba que todas las universidades públicas estaban cerradas, al igual que algunas privadas, por lo que el gobierno propuso su reapertura condicionada al levantamiento del movimiento.
Las fuerzas estudiantiles que afirmaban la imposibilidad del cogobierno señalaron que la clausura de las universidades y la violenta represión, dispersaba y hacía más difícil la movilización, por lo que sostuvieron la tesis del reagrupamiento y, en consecuencia, conceptuaron que la prioridad era la reapertura de las universidades y que la forma dependía de las condiciones en cada una de ellas “...en algunas sería el paro indefinido luego de la reapertura, en otras el escalonado o la asamblea permanente, pero en otras más era indispensable aceptar las clases y programar tareas como paros, mítines, foros, etc”. Desde luego, la reapertura no pasaba por la condición de establecer el cogobierno, la exigían sin sanciones: “la derogatoria de los decretos 580 y 581 y la inmediata libertad de los estudiantes detenidos y el cese de toda represión académica y política”.
De otro lado, quienes defendían el cogobierno partieron del hecho de que el movimiento estaba en alza y que pese al cierre y a la represión, las movilizaciones sucedían todos los días, por lo que, afirmaron, la reapertura de las universidades sólo podía aceptarse siempre que el gobierno cumpliese la exigencia de sustituir los viejos consejos superiores por el cogobierno de estudiantes y profesores.
El VI Encuentro Estudiantil, realizado en Medellín el 3 junio, de manera mayoritaria reiteró el cogobierno como la principal reivindicación del movimiento y profundizó en los puntos del Programa Mínimo, aprobando lo que denominaron la Plataforma de Reforma Universitaria. A la vez, el Comité de Huelga de la Universidad del Valle, la tercera en importancia del país, levantó de manera alternativa en agosto, el Programa Reivindicativo.
La Plataforma de Reforma Universitaria, aprobada por el VI Encuentro, además de lo ya anotado, significó un nuevo esfuerzo para precisar la propuesta sobre el funcionamiento de la universidad y, en segundo lugar, el sistema educativo nacional. Se definió que el gobierno de la universidad debía estar integrado por 1 decano, 2 profesores, 3 estudiantes, el rector y el secretario general. Los dos últimos sin voto. A la vez que se crearía el Consejo Directivo, conformado por los jefes de las unidades docentes y académicas de mayor jerarquía, como facultades, divisiones, etc.; 3 profesores, 3 estudiantes, el rector, el jefe de la dirección administrativa y el secretario general de la respectiva Universidad. Los dos últimos integrantes sin voto. La Plataforma especificó los mecanismos democráticos de elección y estableció las funciones fundamentales del Consejo Directivo las cuales se referían fundamentalmente a la determinación del rumbo académico de las instituciones.
Para el segundo aspecto, se propuso la supresión del ICFES y su reemplazo por un organismo rector de la educación superior, conformado por las universidades, con una junta directiva constituida por el Ministro o su representante, 4 rectores de universidades públicas elegidos por el Consejo Nacional de Rectores, 3 profesores y tres estudiantes, todos de universidades oficiales. Organismos como Colciencias, encargado del fomento de la investigación, y el ICETEX, entidad que estimula la formación de estudios en el exterior, le serían adscritos.
En materia de financiación, el VI Encuentro acordó como exigencia la nacionalización de la educación superior en su conjunto, adecuado presupuesto para su funcionamiento, atención a la totalidad de la demanda de egresados de secundaria y el establecimiento de un control financiero de las instituciones privadas. Sobre la investigación señalaron los estudiantes que debía ser dirigida y planeada con criterios e investigadores nacionales. Finalmente, el Encuentro hizo una defensa al derecho de organización de todos los sectores de la población y de los estamentos universitarios.
El Comité de huelga de la Universidad del Valle, que se oponía al cogobierno, ambientó, después del VI Encuentro, el Programa Reivindicativo, el cual se basó en el rechazo a la reforma educativa propuesta por el gobierno y el impulso a los Comités Paritarios de División y procesos democráticos de elección de directivas y profesores, lo que fue formalmente expresado en enero de 1972.
Este hecho era parte de importantes diferencias en torno a la manera de entender las prioridades, los programas y las formas de lucha de los estudiantes. La disolución del organismo nacional de dirección del Movimiento, el Consejo Nacional de Solidaridad y, la posterior presentación programática alterna en la Universidad del Valle, evidenció públicamente la división. Cuál sector político tendría la razón sobre la orientación del movimiento, los hechos por venir se encargaron de precisar este aspecto.
Entre tanto el gobierno comenzó a reabrir las universidades, aunque a la larga fracasó en su política de lograr normalidad. La Universidad de Antioquia fue cerrada el 22 de abril, el 14 de junio es reabierta por el gobierno pero ese mismo día una asamblea estudiantil aprueba la continuidad del paro; el cierre de la Universidad de Tunja se produjo también el 22 de abril, la reapertura el 22 de junio pero ya hacia el 13 de julio el paro es total. La Universidad de Nariño entró en vacaciones forzosas el 28 de abril y el gobierno llamó a clases el 14 de junio, pero el primero de julio tuvo que ocuparla militarmente; situación similar se presentó en muchas otras universidades: del Cauca, de Manizales, del Atlántico, Pedagógica, de Medellín etc. Incluso donde el control -militar fue más feroz y permanente, en las universidades de Cartagena e Industrial de Santander, los estudiantes lucharon incansablemente, hasta muy avanzado el segundo semestre.
En las universidades privadas tampoco hubo calma, ni siquiera en las de élite. A la ya permanente participación de la U. Gran Colombia, se sumaron los profesores de la universidad de los Andes que entraron en conflicto con la dirección por asuntos propios de la democracia universitaria; a la vez que las directivas de la universidad de Santo Tomás expulsaron a 25 alumnos y el Consejo Superior Estudiantil de la U. de la Salle, condenó la ocupación militar de las universidades, mantuvo un estado de agitación permanente y decretó un paro de solidaridad de 24 horas.
Ante la posición firme del estudiantado de mantener el movimiento a nivel nacional y no aceptar la exigencia de la normalidad como requisito para discutir una nueva reforma, el gobierno profundizó la represión. El 25 de junio, expidió el Decreto 1259, con el cual se le otorgaron al rector las facultades, que antes tenían todas las demás autoridades universitarias, especialmente las disciplinarias; los estudiantes bautizaron el decreto como el de los rectores policías. La nueva norma fue presentada a la opinión pública como la solución al problema universitario, la arbitrariedad de los rectores fue denominada como autonomía, actitud que fue respaldada por los editoriales de la gran prensa.
Hubo militarización de la universidad de Antioquia, salón por salón, por lo cual el Consejo Superior Estudiantil ejerció desde la clandestinidad. Y aunque después del V Encuentro, el Comité de Solidaridad no funcionaba unificadamente seguían los mítines y la movilización.
En la Universidad Nacional, que fue reabierta el 16 de agosto, el gobierno nombró a Santiago Fonseca, de una trayectoria de ejercicio antidemocrático bastante reconocida, y quien expulsa a los dirigentes estudiantiles, destituye profesores, a la vez que anuncia el desmonte del bienestar universitario y de admisiones. Ello generó un mayor apoyo de los trabajadores y los estudiantes quienes realizaron un juicio a las ejecutorias del rector, con un plebiscito que contó con 34.000 votos (17.000 en Bogotá y 15.000 de las demás seccionales) y, cuya “sentencia” fue, el 23 de septiembre, la expulsión del rector y de algunos de sus inmediatos colaboradores del campus.
Además, el gobierno nacional, expidió los decretos 1988 y 1989 de 1971, que modificaron el Código Penal, con el medidas draconianas sobre el orden público. Inmediatamente, el Alcalde Mayor de Bogotá ordenó nuevamente el arresto de Marcelo Torres, esta vez inconmutable y por 180 días, el más importante líder estudiantil y principal defensor en el Comité Nacional de Solidaridad de levantar el Paro sólo sí se aceptaba el Cogobierno.
La táctica de la represión y de intransigencia adoptada por el gobierno entró en una etapa de crisis. En primer lugar, debido a la firmeza estudiantil. Las dos universidades más importantes del país reportan nuevamente parálisis completa desde la última semana de septiembre. A lo largo de octubre, a través de asambleas generales reiteraron tanto la orden de paro como las exigencias para levantarlo: retiro inmediato de la fuerza pública y del rector Santiago Fonseca en la Universidad Nacional y William Rojas Montoya de la U. de Antioquia, levantamiento de sanciones a estudiantes y profesores, derogatoria del decreto 1259, libertad de los detenidos y la participación democrática de los estudiantes y profesores en el gobierno de la universidad.
En segundo lugar, la política del gobierno nacional sumada a la torpeza del Ministro de Educación y de los rectores hizo agua. El profesorado de manera unificada, es decir, los Claustros de Profesores, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) y la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional (APUN), aprobaron el 13 de agosto un proyecto de ley, de 6 capítulos, que coincidía en lo esencial con la Plataforma del VI Encuentro Estudiantil y con los criterios expuestos por la Asamblea de Claustros el 2 de Marzo de 1971. También de manera unánime condenaron el Decreto 1259. Pero un mayor grado de radicalización generaron las destituciones de docentes y las afirmaciones del Ministro de Educación ante el Senado de la República, según las cuales los maestros tenían responsabilidad en las irregularidades administrativas y en las dificultades presupuestales. El Secretario del Comité Coordinador de los Claustros puntualizó que “con la vigencia del decreto 1259, la crisis universitaria entró en una fase definitiva caracterizada entre otras circunstancias, por la unificación de profesores y estudiantes de todo el país...”.
Como si no bastara con lo anterior, el Ministro terminó por agrietar sus relaciones con la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la universidad privada, acusando a la segunda de tener el predominio del sistema educativo a través de la primera y del Fondo Universitario Nacional, lo que desató la respectiva declaración de rechazo.
También se produjeron varias renuncias que evidenciaron, aún más, el aislamiento del gobierno y de los rectores “policías”. La iglesia se retiró de los consejos superiores universitarios de las universidades estatales y en su declaración la Conferencia Episcopal registra las características de la situación al señalar: “...la juventud se manifiesta con una gran fuerza nueva de presión que la lleva a ser factor decisivo en el actual proceso de cambio social y no sólo, como siempre se ha dicho, imagen o esperanza de la patria del mañana” y agregó “...los jóvenes, quienes constituyen el grupo más numeroso de la población antes se encontraban dispersos en las diversas instituciones dirigidas por los adultos pero hoy se están convirtiendo en un nuevo cuerpo social portador de sus propias ideas y valores y de su propio dinamismo interno”. El retiro de la iglesia, se sumó al de las academias que de hecho no habían vuelto, con lo que los antiguos consejos superiores se vinieron abajo.
No menos importantes fueron la renuncia del Director del ICFES, aunque argumentando su designación en otro cargo y hasta la del Secretario General de la U. Nacional, expresando claras “desavenencias con el rector”.
La detención y condena de Marcelo Torres a 6 meses de cárcel terminó por caldear aún más los ánimos. Las asambleas de estudiantes incluyeron su liberación como requisito para levantar el paro mientras que en la plenaria del Senado de la República los parlamentarios de la oposición propusieron la citación del Procurador General de la Nación, el día 20 de octubre para que “...informara sobre el expediente a través del cual se decretó el arresto...” a la vez que se redactó una moción condenando el hecho. Pese a que faltaron 2 senadores para establecer el quórum, el debate fue agudo y sonoro políticamente.
Es decir, lejos de apagarse el movimiento aumentaba en su noveno mes. Además, el gobierno tenía conflicto con otros sectores sociales y un rabo de paja enorme por su origen fraudulento. En la última semana de septiembre surgió en el gobierno la idea de transar con el estudiantado a través de una Comisión de Notables de los círculos académicos. Más de 20 días después de intrincadas negociaciones entre los representantes gubernamentales y los de los estudiantes se produjo el acuerdo. El 23 de octubre fue expedido el decreto oficial 2070, que constituía el nuevo gobierno universitario.
Las elecciones de los representantes estudiantiles se realizaron a mediados de noviembre. A finales de 1971 los estudiantes de la Universidad de Antioquia arrancaron al gobierno un acuerdo similar al de la Nacional.
El cogobierno obtenido en las dos principales universidades colombianas tuvo una corta duración. Instalado, el primero, el 26 de noviembre de 1971 y, el segundo, en enero de 1972, fueron declarados ilegales y disueltos a fines de mayo 1972, mediante decretos 856 y 886. Con ellos se restauró la vigencia del decreto 1259, que restituyó a los rectores autocráticos, suspendió la participación de estudiantes y profesores en los consejos superiores y restableció la asistencia del Ministro de Educación.
La caída del cogobierno obedeció fundamentalmente a dos tipos de razones. La primera, el permanente sabotaje desde el gobierno, la asfixia presupuestal ejercida desde el Ministerio de Hacienda y la permanente provocación de la fuerza pública. La segunda fue de orden interno, es decir, la prolongación del debate ideológico, que cual se expresó en la contradicción entre representaciones estudiantiles al cogobierno con las agrupaciones que no estuvieron de acuerdo con esta reivindicación. Tal circunstancia impidió, como es obvio, garantizar las condiciones tácticas óptimas para defender una conquista de tal magnitud, especialmente la reconstrucción de la organización nacional estudiantil. Incluso, una vez disueltos los Consejos Provisionales Universitarios, tampoco fue unificada la consigna. Mientras quienes lo ejercieron llamaron a su reconquista, los que estuvieron en desacuerdo plantearon que en adelante “...las masas estudiantiles deben elegir sus genuinos representantes a los organismos de dirección, pero ya no como miembros con carácter de votantes como factor determinante sino con el carácter de fiscalizadores y voceros de las reivindicaciones estudiantiles”.
En su corta existencia, el cogobierno de la Universidad Nacional elaboró un presupuesto de 630 millones, que se consideraba acorde con las necesidades de la institución, aunque posteriormente el nuevo rector lo dejó en 280; suspendió el pago de la deuda y los contratos con el BID y demás organismos internacionales; detuvo la aplicación del Plan Atcon, base de una reforma universitaria retrógrada, y exigió la participación democrática en la elaboración de la reforma universitaria; reintegró los estudiantes y profesores detenidos y se pronunció contra la ocupación; y amplió la cobertura estudiantil y aumentó el presupuesto para bienestar. Debido a la brevedad en su duración, las reformas curriculares no se alcanzaron a desarrollar, aunque se crearon institucionalmente los espacios, a la vez que se adelantó la discusión sobre los criterios para las líneas de investigación, se legisló sobre las comisiones de estudio para que estas fueran por selección y también se desarrollaron elementos sobre las asignaturas prácticas y teóricas.
Algunas de las conclusiones que se desprenden del Movimiento Estudiantil de 1971 y de la universidad en su conjunto, tienen plena vigencia hoy en día.
La primera, dada la materia de su actividad que es el conocimiento, la cultura y la ciencia, la universidad es la institución más vulnerable, menos controlable por el poder político dominante o, dicho de otra forma, puede ser transformada. De hecho, en todos los grandes movimientos revolucionarios, especialmente en la historia moderna, encontramos que siempre se hallaron precedidos de una gran transformación de la cultura y que las universidades jugaron un allí un papel de primer orden. Cualquiera que examine el período de la independencia nacional de España puede corroborar esta afirmación acerca de la gran transformación cultural que se reflejó en los centros educativos de carácter confesional como eran las universidades en la época de la colonia. El instrumento o la reivindicación en la cual se concreta la posibilidad de esta transformación es el cogobierno y eso fue lo que se hizo y fue el logro más importante de este Movimiento.
La segunda, lección que se desprende de la experiencia es que las conquistas en la universidad, como en la sociedad, dependen del grado de conciencia y de organización de los interesados en defenderla. Si no hay conciencia, si no hay organización, es decir, si no hay suficiente fuerza para preservar las instituciones valiosas para los intereses de los estamentos, mejor aún a los intereses de la nación, estas conquistas pueden ser anuladas fácilmente. Eso fue lo que sucedió con el cogobierno que no duró sino unos meses tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Antioquia, dado que no existió la claridad suficiente en el conjunto de las agrupaciones políticas de la época de la importancia de ese instrumento, ni había organización. Los estudiantes colombianos no se han podido recuperar desde hace más de tres décadas de una dolencia, como lo es la ausencia de una organización nacional, sin la cual ningún sector social pueda actuar con eficacia en el terreno de las confrontaciones políticas.
Podemos decir que en la universidad de hoy tienen plena vigencia los objetivos del Movimiento de 1971. Asunto primordial de este fue el de garantizar un presupuesto estatal y adecuado para las universidades públicas, aspecto fundamental hoy cuando el proceso de privatización que se ha desarrollado a lo largo de esta década y que ha llevado prácticamente a la educación pública en general y la educación pública universitaria en particular, a una crisis sin precedentes. La democracia es otra de las reivindicaciones plenamente vigentes en nuestros días. Asimismo la vieja lucha por transformar los contenidos de la enseñanza, es decir, por elevar su nivel científico, por sacar la academia de nuestras universidades de la condición de un país subdesarrollado, que es la reivindicación más importante de la universidad de nuestros países, la de lograr que el nivel científico de lo que aquí se enseña sea por lo menos igual a las de las naciones más desarrolladas del planeta.
En resumen, entre las motivaciones internas y encontradas que conllevaron a la obtención y a la caída del cogobierno, debe destacarse que el Movimiento desbordó el carácter contestatario, al que inicialmente estaba condenado y tuvo la capacidad de elaborar unos criterios, el Programa Mínimo, que se constituyeron en una propuesta de reforma, sintetizando las aspiraciones de la población en la educación y de la soberanía nacional en el terreno de la ciencia y la cultura. Este período del Movimiento Estudiantil, que hoy está proscrito de la historia nacional y de la educación, como también de su enseñanza, merece de lejos ocupar el lugar que le corresponde, al lado de las propuestas revolucionarias de José Celestino Mutis, en la época colonial, o de Francisco de Paula Santander y de los liberales radicales a lo largo del siglo XIX, sobre todo ahora cuando sus postulados cobran mayor fuerza y vigencia debido al impacto del neoliberalismo que ha debilitado las comunidades educativas, académicas y científicas nacionales. Después de 30 años también es necesario que los estudiosos de la historia de la educación, de los movimientos estudiantiles y del papel de la juventud como sector social, reivindicar también una generación de jóvenes que “no se fue en blanco históricamente”.
Notas:
[1] Ponencia presentada por los autores en el Primer Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades de América y Europa, realizado del 10 al 12 de julio de 2003 en la Universidad de Córdoba – Argentina. Igualmente, en el 51° Congreso Internacional de Americanistas, realizado entre el 14 y el 18 de julio de 2003 en Santiago de Chile. La ponencia hace parte integrante de las memorias de los respectivos eventos.
[2] Magíster en Historia. Cofundador del Centro de Estudios por la Nueva Cultura (CENC) y del Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia (CONSEC), representante ante el Comité Distrital de Capacitación Docente de Bogotá, Colombia.
[3] Doctor en Historia. Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Morelia México.
[4] La situación fue de agitación general en el terreno educativo. El 7 de febrero se decretó paro en la Universidad Tecnológica de Pereira, el 12 los profesores de primaria decretaron un paro nacional, el 19 se inició una acción similar en la Universidad de Cúcuta.
[5] “Enérgicas medidas contra perturbadores del orden” en El Espectador, Bogotá, 5 de marzo de 1971, p. 1
[6] El 4 de marzo hubo desórdenes todo el día en Bogotá. Se apedreó la sede del diario El Espectador, se quemó una motocicleta y en los enfrentamientos murió un caballo de la policía.. Véase “Desordenes aislados durante todo el día, en Bogotá” y “El caballo “El Turco” muerto durante incidentes” en Ibíd.
[7] Desde el mes de marzo se habían iniciado las tomas de universidad, como sucedió el 6 con la Pedagógica de Bogotá. No obstante, a partir de abril las ocupaciones se realizaron con posiciones más radicalizadas por parte de todos los sectores, como por ejemplo en la U. del Atlántico y la UPTC de Tunja. Véase “Estudiantes se tomaron rectoría de U. de Tunja” y “Desalojadas directivas de U. del Atlántico” El Tiempo, Bogotá, 16 de abril de 1971, p. 9. Una cronología de los sucesos en Crisis universitaria colombiana 1971. Itinerario y documento. Medellín, Ediciones El Tigre de Papel, 1971, pp. 85-86.
[8] La persecución desatada contra los estudiantes tuvo un capítulo especial en el mes de junio cuando fueron encarcelados Leonardo Posada, dirigente de la Juventud Comunista (JUCO) (junio 26) y Marcelo Torres, de la Juventud Patriótica (JUPA) y el más reconocido dirigente del movimiento estudiantil (junio 29).
[9] “Pondremos en orden a los agitadores”. El Espectador, Bogotá, 9 de mayo de 1971.
[10] El 16 de marzo se publicó en El Tiempo una síntesis del II Encuentro Nacional Universitario y del programa mínimo. Véase “Estudiantes de la U. Nacional levantan paro” Op. Cit.
[11] El ICFES, fue considerado por el Movimiento Estudiantil, como el un organismo del gobierno de carácter extra universitario, que estaba diseñado para determinar el rumbo de las instituciones de educación superior, en menoscabo de la autonomía y la democracia de las mismas.
[12] La FES, es una organización de carácter privada, la cual tenía una influencia determinante en esta universidad.
[13] El texto fue aprobado por representantes de 26 universidades y por la representación de tres facultades (teología y sociología, Universidad Javeriana, y medicina, del Rosario). El único voto negativo fue de la Universidad Gran Colombia de Bogotá. Véase el Programa Mínimo en Crisis Universitaria...Op. Cit., pp. 85-88.
[14] Uriel Ramírez y otros. Declaración de los Representantes del Estudiantado de la Universidad Nacional. Bogotá, Ciudad Universitaria, noviembre 19 de 1971. Reproducido por la revista Deslinde, Bogotá, No 1, junio de 1974.
[15] Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Antioquia. Duro golpe de las fuerzas democráticas de la U. de Antioquia. Sin fecha. Reproducido por la revista Deslinde, Op. Cit.
[16] Juan Arango y otros. “¿Qué intereses deciden la política educativa oficial en Colombia?”. Bogotá, octubre de 1972. En Ibíd.
[17] "Reforma Universitaria y Revolución Socialista” Ponencia ante el VI Encuentro Nacional Universitario, junio de 1971. Publicada en Crisis Universitaria Colombiana. Op. Cit.
[18] Ibíd.
[19] Reportaje con Marcelo Torres B. “El Movimiento Estudiantil de 1971”. Revista Teorema, Bogotá, octubre de 1981.
[20] Ibíd.
[21] “El Presidente (de la República) Misael Pastrana Borrero anuncia oficialmente la Reforma Universitaria.” En Crisis universitaria... Op. Cit. Fuentes más recientes señalan que para 1970 la matrícula total era de 85.560 estudiantes, de los cuales 46.618 correspondían al sector público y 39.942 al privado. Cifras tomadas del Centro de Estudios Sociales, SUE y citadas por Lucio, Ricardo en “Algunos elementos históricos para reflexionar sobre la propuesta”, Bogotá, U. Nacional de Colombia,1989, p. 11.
[22] “60 mil estudiantes fuera de las aulas”. El Espectador, Bogotá, 25 de abril de 1971.
[23] “Manifiesto socialista a los estudiantes colombianos” en Crisis Universitaria. Op. Cit., pp. 191-205.
[24] Informe del Comité de Huelga de la Universidad del Valle sobre el V Encuentro Nacional Estudiantil en FEUV. Desarrollo político...Op. Cit., pp.173-177.
[25] Miguel Ángel Pardo. Entrevista a Juan Arango y a Uriel Ramírez. Bogotá, 4 de mayo de 1991.
[26] “Declaración revolucionaria del V Encuentro Nacional Universitario. Bogotá 18 a 25 de mayo de 1971” en Deslinde. Op. Cit.
[27] “VI Encuentro Nacional Universitario. Plataforma de Reforma Universitaria. Documento aprobado. Medellín, junio 3 de 1971.” Reproducido por la revista Deslinde, Op. Cit.
[28] Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universidad del Valle (F.E.U.V.) “Dos contrastes”. Publicado en Desarrollo político Op. Cit
[29] “VI Encuentro Nacional Universitario” Op. Cit.
[30] Informe General Preparatorio de la Asamblea de Consejos Estudiantiles del U. del Valle para el día miércoles 26 de enero de 1972. Reproducido en Desarrollo político...Op. Cit., p.240-254.
[31] Cronología del conflicto. Crisis Universitaria Op. Cit., y reportaje con Marcelo Torres B. Revista Teorema, Op. Cit.
[32] Crisis en los Andes. El Tiempo, julio 3 de 1971.
[33] 25 expulsados de la U. de Santo Tomás. El Tiempo, martes 6 de julio de 1971, p. 15.
[34] Paros parciales en varias universidades. El Tiempo, octubre 1 de 1971
[35] Los rectores autónomos. Hacía la solución en la U. El Espectador, domingo 27 de junio de 1971. Y El orden público académico. Editorial de El Espectador, lunes 28 de junio de 1971.
[36] Miguel Ángel Pardo. Op. Cit.
[37] Miguel Ángel Pardo. Op. Cit.
[38] “Drásticas penas para quienes atenten contra el orden público”. El Tiempo, octubre 10 de 1971.
[39] “Arresto de 180 días al líder Marcelo Torres”. El Tiempo, octubre 10 de 1971.
[40] “Paros parciales en varias universidades”. El Tiempo, octubre 1º de 1971, “Aprobado Paro Indefinido en la U. de Antioquia”. El Espectador, octubre 14 de 1971 y “El paro sigue en pie, dicen los estudiantes”. El Tiempo, octubre 15 de 1971.
[41] “Por una Universidad del Estado, Científica y Crítica, (Comunicado)”. El Espectador, lunes 16 de agosto de 1971, p. 11-a.
[42] “Amplio debate piden Claustros al sobre la Nacional”. El Tiempo, octubre 1º de 1971.
[43] “Contactos del Rector de la U.N. con Estudiantes”. El Espectador, septiembre 28 de 1971.
[44] “La Iglesia anuncia retiro de los Consejos Universitarios.” El Espectador, Bogotá, julio 24 de 1971.
[45] “Villarreal se retirará del ICFES a su regreso de Lima”. El Tiempo, Bogotá, septiembre 24 de 1971.
[46] “Contactos del Rector de la U.N. con Estudiantes.” El Espectador, Bogotá, septiembre 28 de 1971.
[47] “Debate en el Senado por la detención de Marcelo Torres.” El Espectador, octubre 14 de 1971.
[48] Suele reconocerse en la historia política de Colombia que el presidente Misael Pastrana arribó al poder en 1970 debido a un gran fraude electoral.
[49] “Inminente acuerdo en la Universidad Nacional.” El Tiempo, octubre 22 de 1971.
[50] “Creado oficialmente el Consejo Universitario.” El Tiempo, octubre 24 de 1971.
[51] Miguel Ángel Pardo. Op. Cit.
[52] Comunicado de la rectoría de la Universidad Nacional, 7 de abril de 1972.
[53] Gerardo Jiménez. “Democracia o dictadura en la universidad colombiana” en Deslinde. Op. Cit.
[54] “¿Gobierno universitario o fiscalización?” en El Periódico. Bogotá, de 1º de junio de 1972.
[55] Miguel Ángel Pardo. Op. Cit.
[56] Renato Ramírez. “25 años del movimiento estudiantil colombiano”. Ponencia al Foro 26 de febrero de 1971 balances y añoranzas, 26 de febrero de 1996, Universidad del Valle, Cali.
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